• por Daniel SOT
• 27-11-2014

¿En qué consiste el delito de desobediencia? Diferenciación entre desobediencia efectuada por autoridad pública y desobediencia efectuada por particular.

Durante estos meses no son pocas las referencias al delito de desobediencia que se realizan en los medios de comunicación. Ahora bien, en no demasiadas, se explicita los requisitos que deben concurrir para que concurra dicho delito y las consecuencias legales que acarrea la comisión del mismo, ni se hace hincapié en la  diferencia de la desobediencia efectuada por un ciudadano de pie, el cual tiene un tratamiento distinto. Entonces, ¿Que es el delito de desobediencia? ¿Qué penas tiene asociadas el delito de desobediencia? ¿Tiene el mismo trato jurídico que desobedezca un particular del que pudiera tener un alto dirigente?

No es el objetivo de éste articulo centrarnos en la actualidad política, ya que reitero, es política y apenas jurídica,  por lo que irrelevante a los efectos de éste artículo. Lo que se pretende aquí es dilucidar cuando  concurre realmente un delito de desobediencia y su trato en el Código Penal.  Por tanto, no sé hará ni la más mínima referencia a aspectos políticos actuales los cuales considero, son ajenos a los principios que sustentan el derecho penal.

La tipificación del delito de desobediencia la encontramos, para funcionarios y autoridades públicas en el artículo  410 del Código Penal y la cometida por ciudadanos de a pie en el articulo 556 o 634 del  mismo texto legal

Existe delito de desobediencia para un funcionario o autoridad pública cuando éste, en el ejercicio se su cargo,  se negare abiertamente, y de manera intencionada,  a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia  y revestida de las formalidades legales.  Por el contrario, no existirá ese  delito si el mandato que se desobedece vulnera  manifiesta, clara y de forma terminante un precepto de ley o de cualquier disposición general. Las sanciones penales que se prevén para el caso de que se cometa este delito es de multa de 3 a 12 meses (la cuantía variará en función de la capacidad económica) y también la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo que puede ser de 6 meses a 2 años.

Por el contrario,  cuando la desobediencia  es causada por un particular,  la sanción resulta más grave, ya que puede acarrear una pena de seis meses a un año para el caso de que se tratase de una desobediencia grave. Si la desobediencia es de menor entidad y tiene la consideración de leve, sólo en ese caso la sanción seria de multa de 10 a 60 días, cuya cuantía variará también en función  de la capacidad económica. El matiz de la desobediencia,  respecto a si es grave o leve, es lo que hace que la infracción sea un delito o una falta.

De todo lo expuesto pues puede llegarse a concluir que al particular le sale más caro desobedecer una resolución judicial que al funcionario o autoridad público que desobedece en el ejercicio de su cargo, algo quizá absurdo, por cuanto en ambos casos deberían proteger por igual,  el principio de autoridad  y  la protección de las funciones públicas, por lo que debería  incluso existir mayor reproche el efectuado por funcionario público o autoridad por razón de su cargo y no a la inversa como actualmente acontece.